La industria extractiva genera numerosos proyectos que tienen un efecto directo en las vidas de muchas personas, así como en distintos grupos de interés que habitan las áreas colindantes. Con el fin de garantizar la confianza y el respeto mutuo entre una empresa y dichas comunidades, se fomenta (y en alguno casos resulta obligatorio) el desarrollo de redes de soporte social y programas de contribución locales.
Tanto las comunidades, como los gobiernos anfitriones y los prestatarios (por ejemplo, la Corporación Financiera Internacional, IFC, por sus siglas en inglés) esperan que las empresas de la industria extractiva inviertan tiempo y dinero en programas sociales especiales para obtener y sostener la “licencia social para operar”. Tales proyectos comunitarios requieren de una comprensión profunda de las relaciones socioeconómicas entre el proyecto extractivo y la comunidad afectada, pues las inversiones deben saber responder a las necesidades reales que manifiestan los beneficiarios.
